"Mérito de la Causa" ... por Raimond M. Gutiérrez Martínez

Abogado egresado de la Universidad Santa María (1987), post graduado en Derecho Administrativo (USM) y en Derecho Procesal Civil (UBA). Ha ejercido la docencia universitaria de pre y post grado (UBA, UFT, UNERG) y varios cargos públicos, entre los que destacan: Juez de Municipio, Procurador General del edo. Bolívar, Defensor del Pueblo Delegado en los edos. Barinas y Portuguesa, Director de CVG Venalum CA, Consultor Jurídico del Banfoandes, Jefe de Asuntos Legales del IAESP, entre otros.

lunes, 20 de mayo de 2024

LA PROHIBICIÓN DE LA LEY DE ADMITIR LA ACCIÓN PROPUESTA

LA PROHIBICIÓN DE LA LEY DE ADMITIR LA ACCIÓN PROPUESTA

Raimond M. Gutiérrez M.[*]

raigut@gmail.com

Resumen

Este artículo, con el método de investigación analítico, abarca el derecho potestativo de acción procesal como uno de los pilares fundamentales de la tutela judicial efectiva y el tratamiento de metaderecho que le han dado modernamente la doctrina clásica y la jurisprudencia, con especial estudio de uno de los supuestos concretos de la admisión de la acción procesal.

Siendo así, se puntualiza la admisión de la demanda -medio a través del cual se ejercita la acción- como regla y la inadmisión como la excepción. Esta exclusión se debe únicamente a tres supuestos legales: la incoherencia de la demanda con el orden público legal, con las buenas costumbres o con alguna norma jurídica positiva expresa.

Entre nosotros, es harto conocido que la acción está sujeta al cumplimiento de una serie de requisitos de existencia y validez, que al constatarse su incumplimiento, la hacen rechazable. Ha sido la ley, fuente directa del derecho, la que en algunos casos señala tales requerimientos, otros sin embargo, provienen de los principios generales del derecho y de la doctrina autoral y jurisprudencial, fuentes indirectas del derecho.

Cualquiera sea el caso, la acción es inadmisible cuando la ley expresamente la prohíbe y como tal, se considera inexistente.

Palabras claves: acción, tutela judicial efectiva, requisitos de existencia y validez.

Abstract

This article, with the analytical research method, covers the optional right of procedural action as one of the fundamental pillars of effective judicial protection and the meta-law treatment that classical doctrine and jurisprudence have given it modernly, with a special study of one of the specific assumptions of the admission of the procedural action.

This being so, the admission of the claim - the means through which the action is exercised - is specified as the rule and the inadmissibility as the exception. This exclusion is due only to three legal assumptions: the inconsistency of the claim with legal public order, with good customs or with some express positive legal norm.

Among us, it is well known that the action is subject to compliance with a series of existence and validity requirements, which when non-compliance is found, make it rejectable. It has been the law, a direct source of law that in some cases indicates such requirements, others, however, come from the general principles of law and authorial and jurisprudential doctrine, indirect sources of law.

Whatever the case, the action is inadmissible when the law expressly prohibits it and as such, it is considered nonexistent.

Keywords: action, effective judicial protection, existence and validity requirements.

Introducción

En el Derecho Procesal Civil pululan tres grandes concepciones: la acción, la jurisdicción y el proceso. Estos tres grandes conceptos son la línea central de la Teoría General del Proceso, dado que estudia los conceptos, los principios y las instituciones formativas de la Ciencia Procesal Civil.

Acción –del latín actio- es hacer u obrar; mientras que la acción procesal o jurisdiccional, es el derecho de acceso a los órganos de justicia en procura de la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado atribuida al Estado por órgano del Poder judicial. Es por tanto, un derecho genérico que se satisface con una resolución judicial que acuerde la admisión a trámite procesal de lo reclamado o solicitado.

El tratadista Arístides Rengel Römberg (1994: tomo I, pág. 162), define al vocablo acción como: “Poder jurídico concedido a todo ciudadano, para solicitar del juez, la composición de la litis, mediante la actuación de la pretensión que hace valer el demandante contra el demandado”.

Giuseppe Chiovenda –citado por Michele Taruffo (2007)- trata el concepto de acción como una cosa que existe en sí, casi como si se tratara de un objeto empírico que se busca descubrir en su realidad objetiva y material.

Por lo demás, es un axioma del Derecho Procesal Civil la concepción trilógica: acción-demanda-pretensión. En opinión –que compartimos- de Johanna Montilla Bracho (2008), en nuestro ordenamiento jurídico positivo, la acción -como herramienta jurídica- posee una importancia de máximo rango y de carácter pétreo, tal y como lo establece el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Sin embargo, y al igual que en otras legislaciones latinoamericanas, frecuentemente se yerra en la aplicación de los términos acción, pretensión y demanda en variadas disposiciones legales. Y es que se debe ser muy meticuloso en eso, pues cosas diferentes son cada una de ellas: la demanda es el medio generalmente escrito, concreto y específico para ejercer la acción; y la pretensión u objeto de la demanda, es la cosa que se pide o el derecho que se reclama; lo esencial del pleito, dado que constituye su origen y su fin (Arminio Borjas P. 2007: tomo III, pág. 28).

Acorde con nuestra doctrina casacionista, latu sensu, la acción es inadmisible, cuando:

i) La ley expresamente la prohíbe.

ii) La ley expresamente exige determinadas causales para su ejercicio y éstas no se alegan.

iii) No cumple con los requisitos de existencia o validez que la ley o los principios generales del derecho procesal le exigen.

iv) Dentro de la clasificación anterior, puede aislarse otra categoría, más específica, de causales de inadmisibilidad de la acción, y es que ella se utilice para violar el orden público o infringir las buenas costumbres.

El artículo 341 del Código de Procedimiento Civil (1986), señala a estas causas como de inadmisibilidad de la demanda (del escrito), pero en realidad sus supuestos se convierten en causas de inadmisibilidad de la acción, ya que no podrá administrarse justicia, y ello ocurre cuando:

a) Se incoa la acción para crear un proceso que viene a obrar como un instrumento para cometer un fraude, bien se trate de un fraude procesal para perjudicar a alguien específicamente dentro del proceso o con motivo de él, o bien se trate de un fraude a la ley. Se está en presencia de acciones incoadas para alterar el orden público, al desvirtuar los fines del proceso.

b) Por otra parte, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (2022), en sus artículos 133.5 y 150.5, contempla como causal para que no se admita ninguna demanda ni solicitud, el que ella contenga conceptos ofensivos e irrespetuosos. También se trata del rechazo del escrito, pero en el fondo tal prohibición está ligada a la protección de las buenas costumbres, ya que la acción no es un medio para injuriar, ofender o atacar a funcionarios o instituciones; su fin es que la jurisdicción actúe, se administre justicia y se resuelvan conflictos.

v) Por otra parte, la acción incoada con fines ilícitos necesariamente debe ser inadmisible, si ello lo alega una parte o lo detecta el juez, ya que el fin de la acción, en estos casos, no es sólo que se declare el derecho a favor de una parte, o se le repare al accionante una situación jurídica, sino que con deslealtad procesal se trata de enervar el derecho de defensa de la contraparte (lo que es fraudulento), y a la vez causarle daños, como sería aumentarle los gastos que genera la defensa.

vi) Pero también existe ausencia de acción, y por aparente debe rechazarse, cuando el accionante no pretende que se le administre justicia, y a pesar que formalmente cumpla las exigencias, su petición es que un órgano no jurisdiccional, o de una instancia internacional ajena a la jurisdicción nacional, conozca y decida la causa. Se está accediendo a la justicia exactamente para lo contrario, para que no se administre. Se acude a la jurisdicción, para que ésta no actúe. De nuevo estamos ante una manifestación de falta de interés, pero que por su connotación puede señalarse como una categoría propia de inadmisibilidad de la acción, ya que ésta, como otras de las situaciones ya señaladas, produce efectos que van más allá de la simple declaratoria de la falta de acción o de su inadmisibilidad.

vii) Por último, y al igual que las de los números anteriores se trata de situaciones que la jurisprudencia ha señalado a título enunciativo y que no impiden que haya otras no tratadas, destacándose que los escritos de demanda que atenten contra la majestad de la justicia y contra el Código de Ética Profesional del Abogado (en cuanto a lo que suscribe el profesional del derecho), influyen también sobre el derecho a la acción. Una acción cuyo fin, así sea indirecto, es atentar contra la majestad de la justicia, injuriando a quien va a administrarla, poniendo en duda al juzgador, descalificándolo ab initio, o planteando los más descabellados y extravagantes pedimentos, es inadmisible, ya que en el fondo no persigue una recta y eficaz administración de justicia. Se utiliza al proceso con un fin distinto al que le corresponde, y para ello no es el acceso a la justicia que garantiza nuestra Carta Magna (Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional. 2001).

Por otra parte, en sentido general, prohibición es el efecto de vedar o impedir el uso o la ejecución de algo; es una orden negativa cuya infracción supone siempre un castigo. Más particularmente, la prohibición de la ley se refiere a las disposiciones expresas de determinada ley que restringen absolutamente la realización de un acto o hecho concreto. De allí que, la ley prohíbe en forma expresa, pues lo que es prohibido por la ley no se presume; lo que se presume es lo que está permitido; por ello el aforismo: permissum videtur id omne quod non prohibitur “se considera permitido todo lo no prohibido”, que recoge al mismo tiempo el principio de vinculación negativa y el principio de libertad.

Así, verbigracia, estatuye el artículo 6 del Código Civil (1982): “No pueden renunciarse ni relajarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden público o las buenas costumbres.”; y el encabezado del artículo 41 del Decreto-Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario de Uso Comercial: “En los inmuebles regidos por este Decreto Ley queda taxativamente prohibido: (…)”.

La prohibición de la ley de admitir la acción propuesta

La acción tiene entre sus principales características: ser un derecho público, abstracto, autónomo, bilateral (actor-accionado) y un metaderecho, entre otras; y que, requiere de ciertas condiciones sine qua non para que su ejercicio sea válido: fundamentación jurídica, interés procesal y cualidad.

De acuerdo con Piero Calamandrei (1996: tomo I, pág. 259), cuando no se configura el requisito de la acción: relación entre el hecho y la norma, se está frente a una acción no tutelada, a una acción prohibida o sometida al cumplimiento de ciertos requisitos de procedencia; por cuanto se exige la preexistencia de un derecho subjetivo para que pueda ejercitarse la acción y es precisamente en virtud del vínculo entre el hecho y la norma violada, de donde emerge el derecho de acción.

Nuestra doctrina jurisprudencial ha sostenido de manera consuetudinaria e inveterada -y por supuesto que así lo creemos- que, si la acción está prohibida por la ley, no hay acción, y no es que sea contraria a derecho, sino que sencillamente no hay acción, es inexistente (Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional. 2010; ratificada por la Sala de Casación Civil. 2016).

La prohibición legal de que se admita la acción atiende a la inexistencia de ella, a negarla formalmente. Se trata –en principio- de una negación expresa y categórica, pero en algunos casos puede darse siempre que de algún modo aparezca manifiesta la voluntad del legislador de negar la acción propuesta (A. Borjas P. Obra citada: tomo III, págs. 147 y 148).

Ello así, en nuestro sistema adjetivo civil, el referido artículo 341 instaura que, presentada la demanda [y dentro de ella, la acción], el tribunal la admitirá si no es contraria (…) a alguna disposición expresa de la Ley.

Pues bien, la prohibición de la ley de admitir la acción procesal se patentiza cuando el legislador establece expresamente la prohibición de tutelar la situación jurídica invocada por la persona que en abstracto coloca la norma como actor, o bien, cuando aparece claramente de la norma la voluntad del legislador de no permitir el ejercicio de la acción (Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil. 2001).

Consecuentemente, para que una acción sea inadmitida por ser contraria a la ley debe aparecer expresa la voluntad del legislador de no permitir su ejercicio, y ello puede ocurrir o bien porque se prive del derecho a la jurisdicción en materias concretas y determinadas por la ley las cuales no gozan de tutela jurídica; porque se haga evidente la caducidad de la acción o porque aparezca expresa la prohibición de la ley de admitir la acción propuesta (Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional. 2018).

Es el doctrinario Humberto Cuenca B. (1981: tomo I, pág. 136) quien refiere que, “se ejercita una acción para obtener el reconocimiento, la constitución o la reparación de un derecho.”

A propósito del ejemplo clásico de la prohibición de la ley de prohibir la acción, el encabezamiento 1.801 del Código Civil, dice así:

“Artículo 1.801. La Ley no da acción para reclamar lo que se haya ganado en juego de suerte, azar o envite, o en una apuesta.

Omissis.”

De la norma sustantiva precedente, es palmaria la prohibición expresa de admitir la acción procesal de cobro de lo ganado en juegos de suerte, azar o envite y de apuestas; consecuencia de lo cual será que, la demanda presentada con esa pretensión será indefectiblemente inadmitida, sin que con ello se quebranten los meta derechos de acción procesal y de tutela judicial efectiva.

Por lo demás, varios son los ejemplos de normas jurídicas sustantivas civiles que prohíben expresamente la acción procesal. Verbigracia: artículos 1.120 –único aparte-, 1.122, 1.280 –en su encabezamiento-, 1.464 –único aparte-, 1.501, 1.525 –primer y segundo apartes-, 1.643 y 1.691, entre otros.

En sentido diametralmente antagónico es, por ejemplo, el artículo 226 eiusdem, según el cual:

“Toda persona tiene acción para reclamar el reconocimiento de su filiación materna o paterna, en las condiciones que prevé el presente Código.”

Tratamiento aparte requiere la defensa del demandado cuando el órgano jurisdiccional le ha dado admisión a una demanda que contiene una acción que está prohibida expresamente por la ley. Dicha excepción de inadmisibilidad no es otra que la cuestión previa del artículo 346.11 del Código de Procedimiento Civil (1986). Sin embargo, no nos referiremos en esta oportunidad a dicha cuestión preliminar, pues será materia que tratemos en otra entrega, por no formar parte de la Teoría General de la Acción.

Conclusiones

En efecto, en el proceso civil, conforme al principio pro actione de rango constitucional, las condiciones y requisitos de acceso a la justicia no deben imposibilitar o frustrar injustificadamente el ejercicio de la acción a través de la cual se deduce la pretensión; y que, que no le es dable al juez establecer contextos o exigencias más allá de las causales taxativamente contenidas en el comentado artículo 341; esto es: que la demanda no sea contraria al orden público legal, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley. No obstante, cosa disímil ocurre cuando la acción está vedada expresamente por la ley o su ejercicio la contraría explícitamente.

Por ello es que, los operadores de justicia han de ser minuciosos al extremo al momento de admitir las demandas, pues sí algún daño se le produce al justiciable demandante cuando ilegítimamente se le frustra la tutela judicial efectiva adicionando requisitos de admisión que no son los instaurados por la ley, tanto más perjuicio se le produce al hipotético accionado cuando se le da trámite a una demanda cuya acción implícita está expresamente prohibida por la ley; con la añadidura de que, al admitirse a sustanciación el instrumento contentivo de una acción prohibida, se somete al mismo tiempo al Sistema de Justicia a un desgaste innecesario de horas-hombres y recursos materiales, trastocando de ese modo la buena marcha de la administración de justicia.

Así, no son pocos los casos que hemos visto -por ejemplo- donde se le da “oportuna” recepción y “diligente” tramitación a demandas en las cuales se pretenden exigir judicialmente cantidades de dinero -en bolívares o en divisas- producto de tasas de intereses exorbitantes usurarios, que sin lugar a equívocos es un delito aberrante porque lesiona el ya mermado patrimonio del venezolano. En tal sentido, sea oportuno acotar el contenido inquebrantable del principio-garantía constitucional del artículo 114, según el cual: “El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos, serán penados severamente por la ley.”

En definitiva, con G. Chiovenda (1940), sostenemos que: jurídicamente la voluntad de la ley es aquello que el juez afirma que es tal. Sin embargo, esta afirmación del juez no puede considerarse una verdad formal: frase que supone un confronto entre lo que el juez afirma y lo que podría afirmar; pues el derecho no admite esta confrontación, y nosotros, al buscar la esencia de una institución jurídica debemos colocarnos desde el punto de vista del derecho.

Referencias

Borjas Pérez, Arminio. 2007. Comentarios al Código de Procedimiento Civil Venezolano. Tomos I, II, III, IV y V. Ed. Atenea. Caracas.

Calamandrei, Piero. 1996. Instituciones de Derecho Procesal Civil. Tomos I, II y III. Ed. El Foro. Buenos Aires.

Código Civil. Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2.990 Extraordinaria, del 26 de julio de 1982.

Código de Procedimiento Civil. Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4.209 Extraordinaria, del 18 de septiembre de 1990.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.453 Extraordinaria (Reimpresa por error material del ente emisor), del 24 de marzo de 2000.

Cuenca Bohórquez, Humberto. 1981. Derecho Procesal Civil. Tomos I y II. Ediciones de la Biblioteca de la UCV. Imprenta Universitaria de Caracas.

Chiovenda, Giuseppe. 2005. Instituciones de Derecho Procesal Civil. Ed. Revista de Derecho Privado. Pág. 96. Madrid 1940.

Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (2022). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.684 Extraordinaria, del 19 de enero de 2022.

Montilla Bracho, Johanna. 2008. La acción procesal y sus diferencias con la pretensión y demanda. Cuestiones Jurídicas N° 2. Universidad Rafael Urdaneta. Vol. II, págs. 89-110. Maracaibo.

Disponible en:

https://www.redalyc.org/pdf/1275/127519338005.pdf