EL NOMBRAMIENTO DEL PARTIDOR JUDICIAL

Abg. Raimond M. Gutiérrez Martínez

 

“Sin derecho procesal no hay administración de justicia;

sin administración de justicia, no hay civilización;

y sin civilización, no hay estabilidad social”

José Román Duque Sánchez

 

Es del filósofo griego Aristóteles (384-322 a.C.) la frase: “Lo que tenemos que aprender a hacer, lo aprendemos haciéndolo”. Eso, en nuestros tiempos, es igual que afirmar: “Nadie nace aprendido”. Con todo, queda claro que es la práctica, el ensayo y el transcurrir del tiempo lo que nos deviene en conocimiento; no todo, claro está, porque nunca hemos de dejar de aprender.

Empero, a estas alturas del trajinar del aprendizaje jurídico sobre el proceso civil, 38 años después de haber sido promulgado nuestro último Código de Procedimiento Civil (CPC), el 22 de enero de 1986, reformado parcialmente el 13 de marzo de 1987 (según G. O. N° 3.970 Extraordinario) y el 2 de agosto de 1990 (según G. O. N° 34.522), luce como inaudito que se tergiverse cómo se nombra y quién o quiénes designan al partidor en los juicios de partición de bienes (de comunidad ordinaria, de comunidad concubinaria, hereditarios o conyugales) preceptuado en los artículos del 777 al 788 del CPC, con fundamento sustantivo en los artículos 1.066 al 1.082 del Código Civil (CC).

Ello es así, porque nunca ha existido laguna o vacío legal respecto a ese ítem, dado que el artículo 1.076 del CC, instituye:

“Un partidor nombrado por la mayoría de los interesados, formará las partes y las adjudicará a cada heredero.” (Las negrillas son añadidas nuestras)

Y el artículo 778 del CPC, establece:

“(…). El partidor será nombrado por mayoría absoluta de personas y de haberes. Caso de no obtenerse esa mayoría, el Juez convocará nuevamente a los interesados para uno de los cinco días siguientes y en esta ocasión el partidor será nombrado por los asistentes al acto, cualquiera que sea el número de ellos y de haberes, y si ninguno compareciere, el Juez hará el nombramiento.” (Ídem)

De la simple lectura de ambos dispositivos legales se deduce por qué no ha existido incertidumbre respecto al nombramiento de ese auxiliar de justicia que es el Partidor Judicial. De allí que -es incontrovertible que- el partidor es nombrado por quien o quienes conformen conjuntamente la mayoría absoluta (la mitad más uno) de personas y de haberes o derechos de copropiedad.

Aún más, las normas adjetivas relativas a la partición son de estricto orden público legal. En ese sentido, la Sala de Casación Civil ha sostenido que la observancia de los trámites esenciales del procedimiento se encuentra íntimamente vinculada al principio de legalidad de las formas procesales, salvo las situaciones de excepción previstas en la ley. De allí que, no les está permitido a los jueces de instancia relajar la estructura, secuencia y desarrollo del procedimiento, esto es, el modo, lugar y tiempo en que deben realizarse los actos procesales, porque las garantías del debido proceso, de defensa de las partes y el de tutela judicial efectiva incumbe al orden público, pues el Estado es garante del ejercicio eficaz de los derechos de las partes en el proceso. Igualmente, esa Máxima Jurisdicción ha indicado que las formas procesales -de modo, lugar y tiempo- no deben entenderse como fórmulas caprichosas, que persiguen obstaculizar el procedimiento en perjuicio de las partes. Por el contrario, una de sus finalidades es garantizar el ejercicio pleno del derecho a la defensa (Vid. sentencia N° 735, del 23 de noviembre de 2012, entre otras). 

Por otra parte, por ser de diáfana y palmaria claridad las normas jurídicas precedente y parcialmente transcritas respecto al nombramiento del Partidor Judicial, no es abundante la doctrina jurisprudencial respecto a ello, siendo la doctrina clásica la que más se ha encargado de disciplinar el asunto.

Así, con el maestro Arminio Borjas (“Comentarios al Código de Procedimiento Civil Venezolano”. Editorial Atenea. Tomo V, pág. 276. Caracas, 2007); cuya opinión ha sido respaldada desde 1924 (año de la primera edición) por los autores nacionales de la Escuela Exegética: Ramón F. Feo, Aníbal Dominici, Pedro M. Reyes, Pedro Miguel Arcaya y Luís Sanojo, entre otros; con el siguiente ejemplo se explica que, para el nombramiento del partidor es menester la mayoría de personas y haberes: si el valor de los bienes es de 100 % y siendo cinco los herederos, uno de ellos tiene haberes por un monto de 60 % y cada uno de los otros cuatro por un monto de 10 %, no habrá mayoría con el sólo voto del heredero que tiene 60 % ni con la reunión de los cuatro que suman un haber de 40 %; pero sí lo habrá con el voto del que tiene 60 % y el de dos de los que tienen 10 % cada uno, porque así habrá mayoría de personas, o sea, tres contra dos; y mayoría de haberes, es decir, 80 % contra 20 %.

Por su parte, para el doctrinario Luís Sanojo -citado por el tratadista José R. Duque Sánchez (“Procedimientos Especiales Contenciosos”. Editorial Sucre. Pág. 184. Caracas, 1985)- es necesario que la mayoría para el nombramiento del partidor sea de personas y de haberes, porque la disposición de la ley sustantiva -artículo 1.076 del CC- debe privar sobre la ley procesal, y porque así lo dispone además la regla del artículo 778 del CPC.  

Por su parte, el profesor de Derecho Procesal Civil de la Universidad Central de Venezuela Luis Mejía Arnal (“El juicio de partición”. Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia N° 15, pág. 320. Caracas, 2020), arguye que: “Con el nombramiento del partidor comienza la segunda fase, de ejecución de la partición, conforme a lo decidido por el juez en la sentencia que ordena la partición, o siguiendo las prescripciones del libelo de demanda, si no hubo contradicción. (…). Si la mayoría de personas y haberes no se alcanza en la reunión inicial, el juez convocará a una segunda reunión en la cual nombrará el partidor la mayoría de los asistentes «cualquiera que sea el número de ellos y de haberes», dice la regla transcrita, la cual prevé solo el caso en que ninguno compareciera, en cuyo supuesto el partidor lo nombrará el juez. Ahora bien, es posible una paridad en esta reunión, por ejemplo si los dos únicos comuneros tienen los mismos haberes y disienten en cuanto al partidor. En tal supuesto, a nuestro entender, el juez hará libremente el nombramiento; sin embargo, si hay disparidad en los haberes, es imperioso opinar, siguiendo el sentido general de estas normas, que el juez debe preferir al partidor señalado por el comunero que detenta la mayoría de haberes.”   

No obstante la poca doctrina jurisprudencial -por ser una verdad de Perogrullo- sobre el nombramiento del Partidor judicial, al respecto se ha pronunciado la Sala de Casación Civil, en su sentencia n° 586, del 27 de octubre de 2009:

“…Dentro de esa perspectiva esta Sala concluye, que existe concordancia entre el supuesto de hecho de la norma y el hecho en ella subsumido, lo que conduce a determinar que el juez ad-quem no erró al considerar en el caso de autos, que al no haber evidenciado la formulación de la oposición a la partición, lo procedente era ordenar el emplazamiento de las partes para el nombramiento del partidor, tal como lo prevé el referido artículo 778 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.” (Resaltados añadidos)

Y en sentencia n° 745, del 9 de diciembre de 2013:

“…Por su parte, el referido artículo 778 -atinente a la segunda fase del juicio- presupone que en el acto de contestación y siempre que no hubiere oposición ni discusión sobre el carácter -es decir, su condición de comunero, condómino o copropietario- o cuota de los interesados -es decir, monto de los derechos que tiene cada comunero sobre la comunidad indivisa- y la demanda estuviere apoyada en instrumento fehaciente que acredite la existencia de la misma, el juez emplazará a las partes para el nombramiento del partidor en el décimo día siguiente y se seguirán los trámites especificados en la norma. (Vid. Sentencia N° 442 de fecha 29 de junio de 2006, caso: …).” (Ibídem)

Más claro que lo explicado, imposible.