LA EXTINCIÓN DE DOMINIO:
ACCIÓN JUDICIAL Y SU PROCEDIMIENTO
Abg. Esp. Raimond M.
Gutiérrez M.
Esa prole de ilustrados catedráticos ha tenido su relevo generacional, siendo uno de los más connotados el PhD y profesor de la UCAB, Emilio José Urbina Mendoza; actualmente el venezolano más preclaro y avezado conocedor de la institución Extinción de Dominio. En tal sentido, son varios los libros de texto, tesis, artículos científicos, de revisión y análisis, que –en Venezuela y en Europa- ha escrito y publicado ese distinguido doctrinario: “La improvisación como divisa. Lo que implica perseguir ‘patrimonialmente’ en la extinción de dominio” (2024); “Introducción al estudio de la extinción de dominio y sus modalidades globales” (2023); “Los modelos de decomiso sin condena y la extinción de dominio en el Derecho Comparado latinoamericano” (2023); “Los modelos del decomiso sin condena y la extinción de dominio en el derecho comparado latinoamericano. Origen, tendencias y transformaciones por la justicia constitucional” (2023); “La justicia constitucional y la extinción de dominio en América latina. Una alta lección para su configuración en Venezuela, a propósito de la sentencia 315 del 28-04-2023, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia” (2023); “Los acuerdos de lenidad en la lucha contra la corrupción” (2021); y, “El comiso autónomo y la extinción de dominio en la lucha contra la corrupción” (2020); entre otros. Mismos que son efectivamente fuente obligada de consulta y estudio por todos nosotros, los aprendices, que nos preciamos de tener una noción básica o elemental sobre dicho instituto.
Siendo ello así, nos valdremos en lo adelante de lo expertamente enseñado por el consabido autor, para explicar de forma muy somera sobre el título que precede; advirtiendo al lector que, esta materia es tan, pero tan amplia que daría lugar a una especialización de por lo menos 2 años de estudio.
La Extinción de Dominio –conocida también por sus apodos: “decomiso sin condena”, “comiso autónomo” o “decomiso civil”, aun cuando no es exactamente igual a éstas- es un mecanismo legal que produce un corte o mutilación al derecho de propiedad de los particulares a favor del Estado. Ello así, ha de recordarse que, aun cuando el Estado garantiza el Derecho de Propiedad (artículo 115 Constitucional) a través del uso, goce, disfrute y disposición de los bienes; la propiedad está sometida a las restricciones que establece la ley.
Decimos “legal”, precisamente porque el artículo 116 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en cuanto a ese derecho económico y a su protección por parte del Estado, dispone:
“No se decretarán ni ejecutarán confiscaciones de bienes sino en los casos permitidos por esta Constitución. Por vía de excepción podrán ser objeto de confiscación, mediante sentencia firme, los bienes de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, responsables de delitos cometidos contra el patrimonio público, los bienes de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del Poder Público y los bienes provenientes de las actividades comerciales, financieras o cualesquiera otras vinculadas al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes.”
Y más particularmente, porque en nuestro país está vigente –desde el 28 de abril de 2023- la Ley Orgánica de Extinción de Dominio –LOED- (Gaceta Oficial N° 6.745 Extraordinario), en cuyo artículo 5.3, se la define así:
“La extinción de dominio comprende la declaración de titularidad a favor del Estado de los bienes y efectos patrimoniales de personas naturales o jurídicas relacionados con actividades ilícitas, mediante sentencia firme, sin contraprestación, ni compensación de ninguna naturaleza, salvaguardando los derechos de terceros de buena fe.”
Mientras que su art. 5.1, estatuye que por Actividad Ilícita debe entenderse:
“Toda actividad tipificada en la legislación contra la corrupción, la delincuencia organizada, el financiamiento al terrorismo, la legitimación de capitales y tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, aun cuando no se haya dictado sentencia en el proceso penal correspondiente.”
Groso modo y en esquema, el procedimiento de la
acción de extinción de dominio es así:
Un
aspecto del contenido de la mencionada LOED que nos llama la atención, es que
guarda un “estruendoso” silencio respecto al ejercicio del Recurso
Extraordinario de Casación en contra de las sentencias de segunda instancia de
la jurisdicción especial de extinción de dominio. Es más, no
utiliza ni una sola vez el vocablo “casación”. Por su parte, el artículo 28.3
de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, instaura que son
competencias de la Sala de Casación Civil, entre otras: las demás que
establezcan la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las
leyes; empero, el caso es que nada establece aquella ley sobre el recurso de
casación.
De lo dicho surge el lógico entresijo: ¿Fue la intención del
legislador que las sentencias de extinción de dominio dictadas en segunda
instancia no fuesen recurribles por ante la Sala de Casación Civil, siendo la
acción de eminente naturaleza jurisdiccional civil y reconociéndose en la
propia ley el principio de la doble instancia?
La diatriba la resuelve, el artículo 15 de la LOED, cuando instaura
–como derechos de las personas sujetas a extinción de dominio- lo que sigue:
“Artículo 15. Sin perjuicio de los derechos reconocidos en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los tratados
internacionales ratificados por la República, el titular aparente de bienes
sujetos a esta Ley gozará de los siguientes derechos en el procedimiento para
la extinción de dominio:
Omissis.
3. A ser oída en el proceso, con las debidas
garantías, por un tribunal competente, independiente e imparcial.
Omissis.
5. A controvertir las pretensiones que se estén
haciendo valer en contra de los bienes.”
Así como también, la sentencia n° 315, del 28 de abril de 2023, de la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuando estableció:
“…Conforme al criterio
fijado por esta Sala en su sentencia n° 537 del 12 de junio de 2000,
caso: (…), la Ley Orgánica de Extinción de
Dominio ostenta el carácter técnico-formal que la erige en una ley que regula la ética,
la lucha anticorrupción, la legalidad, la justicia, la buena fe, y el sistema
sancionatorio que debe aplicarse a los titulares aparentes de los bienes y
efectos patrimoniales originados por actividades ilícitas o destinadas a éstas,
regulación ésta que al estar enmarcada en los preceptos constitucionales
contenidos en los artículos 1, 2, 3, 49, 114 y 116 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, subsumibles, en su orden, en la segunda,
tercera y cuarta categoría normativa prevista en el artículo 203
constitucional.”
En
definitiva, si la sentencia de segunda instancia adolece de los requisitos del
artículo 39 de la LOED o incurre en los vicios establecidos por las nuevas
regulaciones en el proceso de casación civil (sentencias de la Sala de Casación Civil números 254
y 255, ambas del 29 de mayo de 2018; 510, del 28 de julio de 2017; y, 354, del
12 de agosto de 2022; entre otras; y sentencia de la Sala Constitucional n°
362, del 11 de mayo de 2018), indefectiblemente tendrá casación,
independientemente de que la mencionada ley orgánica haya guardado silencio al
respecto, porque en todo caso no lo prohíbe.
Con todo, es pues la Extinción de Dominio lo que está en boga, lo más
moderno y actualizado del Derecho Procesal Civil en Venezuela, así que se debe estudiar
el tema, porque: “…si tomas por medio a la virtud y te precias de hacer hechos
virtuosos, no hay para qué tener envidia a los que padres
y agüelos tienen príncipes y señores, porque la sangre se hereda y la
virtud se aquista, y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale.”
[2]
[1] “Bienes: Son todas aquellas cosas que pueden ser objeto de propiedad y son susceptibles de valoración económica, sean éstas muebles o inmuebles, fungibles o no fungibles, tangibles o intangibles, incluyendo acciones, títulos, valores y activos digitales, así como las ganancias, frutos, productos, rendimientos o permutas derivados de dichos activos.” (Art. 5.2).
[2] “El ingenioso hidalgo
don Quijote de la Mancha”. Miguel de Cervantes Saavedra. 1605.
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